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La diputada Marlene Pérez (ind-UDI) exigió una auditoría por las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social del 18 de octubre, las que, según un informe de la Tesorería General de la República, han significado un desembolso de 5.434 millones de pesos para el Estado desde el 2022.
«Es una vergüenza que, con el aval del Gobierno, se desperdicien casi 5 mil millones y medio de pesos en pensiones de gracia que están absolutamente injustificadas«, criticó la parlamentaria.
En esta línea, Pérez calificó la situación como una «aberración» y recordó que levantó la voz sobre este tema previamente, impulsando una Comisión Investigadora (CI) que, según sus palabras, «dejó al descubierto la irresponsabilidad de este gobierno en la entrega de estas pensiones«.
La diputada sostuvo que estos beneficios «se otorgaron a personas con antecedentes penales, que falsearon información y que no reunían los requisitos mínimos«.
Frente a este escenario, la legisladora anunció que su sector exigirá medidas concretas. «Exigiremos una auditoría a este programa y que se revoquen todas las pensiones mal otorgadas«, afirmó.
Finalmente, la diputada Pérez argumentó que la razón para esta exigencia es que «son muchos recursos que perfectamente podrían estar destinándose a otras urgencias que tenemos en el país«.
