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La Fundación Horizonte Ciudadano, vinculada a la expresidenta Michelle Bachelet, decidió presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
El objetivo de la acción legal es que el Gobierno Regional del Biobío reintegre más de 40 millones de pesos que, según la fundación, fueron cobrados indebidamente.
Los fondos en disputa provienen de la ejecución de uno de los convenios que han sido objeto de cuestionamientos. El Gobierno Regional, bajo la nueva administración de Sergio Giacaman, hizo efectiva en marzo de este año una boleta de garantía de fiel cumplimiento asociada a dicho convenio, cobrando 1.092 UF a una aseguradora.
Horizonte Ciudadano argumenta que el cobro de estos cerca de 40 millones de pesos no se justifica, motivando así la presentación del recurso legal para exigir su devolución por vía judicial.
Frente a estos cuestionamientos, Giacaman defendió la actuación de la institución y señaló que están «obligados por normativa vigente a exigir el cumplimiento de los convenios, (especialmente) en casos de incumplimiento de reintegros de recursos o de rendiciones».
Giacaman precisó que, en este caso particular, existían «montos cercanos a los 40 millones de pesos que no habían sido rendidos ni reintegrados» por la institución contraparte. Por ello, afirmó que el gobierno regional estaba simplemente ejerciendo sus funciones y cumpliendo con su labor al hacer efectiva la garantía.
El gobernador añadió que esta exigencia no es exclusiva para Horizonte Ciudadano, sino que aplica a toda institución que no cumpla con las rendiciones u reintegros de manera oportuna.
«De hecho, recientemente con Bomberos en la región, le solicitamos un reintegro de 3.000 millones de pesos para poder seguir trabajando con ellos, porque eran recursos que no se habían reintegrado oportunamente», destacó la autoridad.
El convenio específico entre el GORE Biobío y la Fundación Horizonte Ciudadana, firmado durante la administración anterior encabezada por Rodrigo Díaz, forma parte del conjunto de investigaciones en curso, siendo uno de los 18 casos que se indagan tanto a nivel administrativo como por vía penal.
