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La Corte Penal Internacional (CPI) solicitó este martes el arresto del líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y del presidente del Tribunal Supremo de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani, al considerar que cometieron -mediante órdenes, incitación o instigación- el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra niñas y mujeres.
En las primeras órdenes de arresto en la investigación en curso de la situación en Afganistán, los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares consideraron que Haqqani y Akhundzada han ejercido autoridad de facto al menos desde el 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron Kabul, y sus presuntos crímenes han continuado hasta al menos el pasado 20 de enero.
Los jueces creen que «existen motivos razonables» para considerar que ambos líderes cometieron el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género; así como por motivos políticos contra personas percibidas como «aliadas de niñas y mujeres».
Privación de derechos
En una reacción a la aprobación de estas órdenes solicitadas por la acusación en enero, la oficina del fiscal consideró que este paso «representa una reivindicación importante y un reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas afganas».
Asimismo, defendió que se reconocen «los derechos y experiencias de vida de personas que los talibanes consideran no conformes con sus expectativas ideológicas sobre identidad o expresión de género», como los miembros de la comunidad LGBTQI+.
«A través de la privación por parte de los talibanes de derechos fundamentales como la educación, la privacidad y la vida familiar, entre otros, las mujeres y niñas afganas fueron progresivamente borradas de la vida pública. La decisión de los jueces de la CPI reafirma que sus derechos son valiosos, y que su sufrimiento y sus voces importan», afirmó hoy la fiscalía.
La persecución por motivos de género, subrayó la CPI al aprobar la solicitud de arresto, abarca «no solo actos directos de violencia, sino también formas de daño sistemático e institucionalizado, incluida la imposición de normas sociales discriminatorias» contra las mujeres.
«Los talibanes han implementado una política de gobierno que ha resultado en graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil afgana, en relación con actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desapariciones forzadas. Si bien los talibanes han impuesto ciertas reglas y prohibiciones a toda la población, han dirigido sus ataques en concreto contra niñas y mujeres por razón de su género», creen los magistrados.
Esta «privación» de derechos y libertades se ha impuesto, en concreto, mediante «decretos y edictos» emitidos por las autoridades. «Los talibanes han privado severamente a niñas y mujeres de sus derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión», subraya la CPI.
Otras personas también «fueron blanco por manifestar formas de sexualidad y/o identidad de género consideradas incompatibles con la política talibán» sobre el género.
Mujeres y niñas
En noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su «preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas» y urgieron a la fiscalía de la CPI a considerar «los crímenes contra mujeres y niñas» cometidos por los talibanes.
En 2020, la fiscalía logró la autorización de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio afgano desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte de la CPI desde julio de 2002.
El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras la toma del poder por los talibanes, la fiscalía retomó el caso.
No obstante, sólo centra sus esfuerzos en investigar crímenes cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos, como los crímenes cometidos por soldados estadounidenses.
Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Right Watch (HRW), instó hoy a la comunidad internacional a apoyar a la CPI en «su trabajo crucial en Afganistán y a nivel mundial» y hacer cumplir las órdenes de arresto que emite, que también afectan al presidente ruso, Vladimir Putin, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
«Abordar los ciclos de violencia e impunidad en Afganistán requiere que todas las víctimas, sin importar quién sea el perpetrador, tengan el mismo acceso a la justicia», añadió Evenson, instando a la Fiscalía a prestar atención también a las víctimas del personal estadounidense.
